Los abogados de oficio de Inglaterra y Gales han entrado en su segunda semana de huelga para pedir una subida de los honorarios por los servicios de asistencia jurídica gratuita que financia el Estado, lo que ha provocado una parálisis de la Justicia penal.

Más de un centenar de abogados (llamados "barristers", habilitados comparecer ante el tribunal) se congregaron hoy martes ataviados con sus características togas y pelucas para protestar contra la precariedad de sus salarios y del sistema judicial ante los Reales Tribunales de Justicia, en el centro de Londres. "La gran mayoría de los casos penales son pagados por la asistencia jurídica gratuita, muy pocos se financian de forma privada", cuenta Michelle Clarke, una abogada de defensa.

Un informe independiente recomendó al Gobierno un "aumento inmediato" del 15 % de los honorarios y desde el Ejecutivo informaron que procederán a incrementarlo en septiembre.

"Con el atraso y la lentitud del sistema, significa que no veremos ningún aumento antes de 2023, 2024 o 2025", espetó Clarke, que teme que muchos de sus colegas "se habrán ido" porque no podrán aguantar tanto tiempo. "No podemos retener a la gente porque no podemos ganarnos la vida, especialmente los abogados más jóvenes", zanjó la abogada.

Además de la capital británica, también se han convocado manifestaciones en otras ciudades de Inglaterra, como Nottingham, Birmingham y Liverpool.