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Más de un millón de nicaraguenses afectados por la cancelación masiva de oenegés

Diálogo Interamericano calcula pérdidas de 200 millones de dólares en desarrollo comunitario; monopolio del Estado no llena el vacío social

Actualidad y economía Redacción Confidencial 12 de octubre de 2022
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El cierre masivo de oenegés en Nicaragua, ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afecta a más de un millón de nicaragüenses que se beneficiaban con diversos programas sociales, revela una investigación del Diálogo Interamericano.

“La mayoría de de estas organizaciones tenían proyectos vinculados al desarrollo comunitario, infraestructura social,  proyectos de acceso al agua potable, participación ciudadana; es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de comunitario de las zonas rurales donde atendían estas organizaciones”, señala el ambientalista y activista Amaru Ruíz, quien participó como consultor en la investigación y es presidente de la cancelada y confiscada oenegés Fundación del Río. 

El estudio analizó una muestra de 53 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) canceladas –de un universo de 1 000 ilegalizadas seleccionadas por la investigación–  que en ese momento ejecutaban proyectos por 41 millones de dólares cuando perdieron su personería jurídica y registro de operación, en el caso de los organismos internacionales.

Sin embargo, la merma de recursos y el impacto social y económico es aún mayor si se consideran todos los organismos. Según una proyección del Diálogo Interamericano, las pérdidas por el cierre de las oenegés podrían superar los 200 millones de dólares al año.

2000 empleos perdidos
“La muestra que nosotros tenemos del impacto, te permite identificar que al menos se ha perdido una atención de más de un millón de nicaragüenses que estaban siendo atendidos por los proyectos de desarrollo que generaban estas organizaciones de sociedad civil y estamos hablando también de pérdida de empleo formales de alrededor de 2000 empleos formales”, agregó Ruíz, durante la presentación de la investigación en una entrevista en el programa Esta Semana.

“El impacto también se traduce en el aumento de la vulnerabilidad de la población nicaragüense, que deja de recibir estos programas y sobre todo porque no hay un proceso de atención por parte del Gobierno una vez que cierren las organizaciones de sociedad civil”, comentó Ruíz.

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Un reportaje de CONFIDENCIAL, ya había revelado que las pérdidas económicas de las oenegés internacionales ascenderían a “25.5 millones de dólares anuales en cooperación con Nicaragua que llegaban de manera directa a 550 000 personas, especialmente de zonas rurales”, según estimó una fuente que conoce el comportamiento e impacto de la cooperación internacional.

En total, el régimen ha eliminado 110 oenegés de origen extranjero entre agosto de 2021 y octubre de 2022, en su mayoría originarias de Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Suiza y Canadá.

Mayoría de oenegés sí estaban activas 
La guillotina orteguista afirma que muchas de las OSFL estaban inactivas al momento de cancelar su personería jurídica y registro de operación. Sin embargo, la investigación de Diálogo Interamericano revela que un 53% del universo de 1 000 oenegés que analizaron estaban ejecutando proyectos que quedaron sin finalizar.

“Ciertamente había otras organizaciones que habían cerrado antes de 2018, otras estaban sin ninguna acción. Es decir, no tenían proyectos por la reducción de la cooperación al desarrollo, pero es importante desmentir (ese discurso) porque aquí más del 50% de la muestra nos arroja que sí tenían una actividad en el país, que sí tenían proyectos de desarrollo”, enfatizó.

Algunos de estos organismos estaban ejecutando proyectos de democracia, derechos de las mujeres, de pueblos indígenas y afrodescendientes, de la niñez y adolescencia, de la diversidad sexual, derechos humanos. También, otros proyectos relacionados con educación, salud, medioambiente y desarrollo comunitario, a los que el Estado no les da seguimiento y por tanto las poblaciones beneficiadas quedan ahora en vulnerabilidad.

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“Todos esos programas de atención quedaron desatendidos, no hay una sustitución de esos programas por parte del régimen de Nicaragua y al final, el gran perdedor es la ciudadanía porque van a aumentar la vulnerabilidad y quedan desprotegidos”, agrega.

El análisis de la muestra tomada por Diálogo Interamericano detalla que la mayoría de estas organizaciones desarrollaba sus proyectos en Managua, pero también cubrían zonas vulnerables de Matagalpa, Estelí, la Costa Caribe, Chinandega, Nueva Segovia, Río San Juan y Jinotega.

Entre las asociaciones canceladas destaca la Fundación Padre Fabretto que ejecutaba proyectos de nutrición y educación. Con sus nueve centros de estudios fueron beneficiados 40 000 niños y niñas. Sin embargo, tras su cierre el pasado 16 de febrero de 2022, se trasladó a Honduras.

Por su parte, la Fundación Egdolina Thomas, fundada en Bilwi en 2013, no continuó operando tras su cierre. Según detallan esta oenegé promovía los derechos de los pueblos indígenas en 31 comunidades, con sus programas se beneficiaban 500 personas cada año.

El investigador considera que a pesar del cierre de estos organismos, que ya muestran un impacto económico y social, pueden seguir apoyando a la población nicaragüense. Esto se puede lograr a través de la flexibilización de mecanismos de cooperación.

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“Es importante hacer un llamado a la cooperación al desarrollo para que siga apostando en la cooperación de Nicaragua y flexibilice algunos mecanismos. Las organizaciones también pueden continuar siempre y cuando tengan un vínculo y mantengan los tejidos territoriales con la población y aquí es importante también la responsabilidad que tiene la ciudadanía en general de acuerpar el trabajo que venían haciendo las organizaciones de sociedad civil”, opina.

En promedio, estas OSFL tenían 25 años de trabajar en Nicaragua, por lo tanto, agrega Ruíz, “han creado un tejido de confianza que bien les permitiría seguir trabajando en medio de la represión y en medio de lo que significa trabajar dentro de una dictadura en un país”.

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Modalidad de cancelación de personerías y registros 
Para ejecutar el cierre masivo de OSFL, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo las señala de haber incumplido con sus registros ante el Migob y, en algunos casos, de no registrarse como agentes extranjeros.

Varios miembros de estos organismos denunciaron que el Migob se negaba a recibir la documentación que requerían por ley para luego ejecutar la orden de cancelación. El cierre de estas oenegés también fue acompañado de la confiscación de sus bienes. Según la investigación de Diálogo Interamericano, con el cierre de estos organismos de la sociedad civil busca “proteger” su modelo político que controla todo.

“El régimen no sólo cierra y criminaliza, si no que se quiere apoderar del bien común, de quien gestiona el bien común y quién gestiona programas de atención a los grupos vulnerables para no tener competencia, es decir, aquí hay una monopolización del espacio cívico todas las actividades (…) de mantener la ‘hegemonía política’ de quien distribuye el bien común para no generar una contraposición a su política”, opina Ruíz.

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En principio, el Ministerio de Gobernación ejecutaba las órdenes de cancelación a través de la Asamblea Nacional, en este proceso el diputado Filiberto Rodríguez López era el encargado de elevar la petición. Sin embargo, en agosto se aprobó una reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro para que esta instancia pueda cancelar las personerías y registros de operación directamente.

Las modificaciones a la Ley entraron en vigor el pasado 16 de agosto de 2022. Desde entonces, el Migob ha cancelado 800 asociaciones y fundaciones nacionales y extranjeras. Las últimas cien cancelaciones ocurrieron este miércoles. Estas ahora son promovidas por la ministra del Migob, Amelia Coronel Kinloch.

Un análisis de CONFIDENCIAL reveló que entre el 19 de enero y el 5 de octubre de 2022, la guillotina orteguista eliminó 2207 OSFL. El mes en el que se registraron más cancelaciones fue junio, con un total de 514, seguido de septiembre con 500.

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