En Colombia la Rama Judicial pide respeto a la autonomía e independencia judicial

General Ram 04 de agosto de 2020
Corte-Suprema

Bogotá, 03 de agosto_ RAM_ En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de las altas cortes y de la Jurisdicción Especial para la Paz, los máximos tribunales del país hicieron un llamado para que se respete la autonomía de los jueces y rechazaron las presiones de diferentes sectores.

En la declaración, las altas cortes aseguran que «la vigencia y la solidez de las democracias modernas están sostenidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente, impartida por funcionarios judiciales obligados a tomar decisiones basadas en la Constitución Política y las leyes creadas por el poder legislativo y el ejecutivo».

Este comunicado conjunto fue firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz Aleman; el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas; el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares; y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina.

En la comunicación, las altas cortes dicen que los jueces «jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza» que se aleje del ordenamiento jurídico. Los magistrados dicen que no se pueden basar en ese tipo de opiniones, «ni siquiera en la era de la información».

Aunque en el comunicado no se menciona al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de soborno a testigos y fraude procesal, esta manifestación conjunta se da justo en medio de una fuerte polémica por el futuro judicial del jefe del Centro Democrático, que será definido por la Sala de Instrucción en los próximos días.

En su misiva, de nuevo sin mencionar a Uribe en ningún párrafo, las Cortes aseguran que el imperio de la ley depende de la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual.

Y recuerdan que la administración de justicia en el país se rige por reglas internas y por mandatos internacionales aceptados por el Estado colombiano para «garantizar a todos y cada uno de los habitantes del país sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el debido proceso y sus corolarios de defensa y contradicción».

Es por eso que, aseguran, el sistema judicial colombiano «debe ser respetado en su integridad». También afirman que las providencias judiciales «tienen instancias legales para ser controvertidas».

Esa es la razón por la que las altas cortes aseguran que son «inaceptables descalificaciones públicas a las decisiones judiciales por adoptar y  sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance».

Se trata de la Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz.

El texto, firmado por los presidente de las cortes, pide que los dejen trabajar tranquilamente y respeten su autonomía. Esto, como respuesta a la avalancha de pronunciamientos del Centro Democrático y otras personas que conforman el entorno del senador Álvaro Uribe, horas antes de que ese alto tribunal defina su situación jurídica.

Por medio de un comunicado las altas cortes aseguran que:

“La vigencia y solidez de las democracias modernas están sostenidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente, impartida por funcionarios judiciales obligados a tomar decisiones basadas en la Constitución Política y las leyes creadas por el Poder Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo. Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información”.

Y agregan los presidentes de las altas cortes:

«En la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico. Por eso, no solo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales».

Añaden también: «por el valor superior de la democracia hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley».

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