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Autoridades ancestrales

Columnista invitado Lorena Rubiano Fajardo 13 de febrero de 2021
Lorena Rubiano Fajardo
Lorena Rubiano Fajardo

"Cuando vean que ya no hay agua, que la sequía les impide hacer negocios, se van a ir y nosotros nos vamos a quedar sin animales, sin plantas y con el medio ambiente contaminado".  José del Frairi

Tradicional y ancestralmente los Mamu han sido las máximas y únicas autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta, los que ahora tienen que salir en defensa de la autonomía, el territorio y la población de cerca de 60 comunidades de ese paraíso universal.

Colonos, narcos, paras, terratenientes, empresarios e invasores, por décadas han venido tomándose y ocupando territorios que son del dominio indígena, desplazándolos de las mejores tierras, inclusive apoyados por algunos miembros de esas mismas comunidades, unos bajo amenazas y otros seducidos por el dinero.

A esto se suma la difícil situación por la que ahora atraviesan ante la aparición, de algunos descendientes de las comunidades indígenas que aunque ya no residen en la sierra, ya no tienen conexiones, ni nexos, se están tomando la representación de todos los resguardos y erigiéndose como máximas autoridades por encima de los Mamu, en un nepotismo total,  para hacer negociados y tomarse políticamente la sierra, el sistema de salud, e impulsando a uno de sus socios como candidato al Senado de la República, todo con fines económicos y  con el apoyo de funcionarios de la oficina de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y de las gobernaciones del Magdalena y del Cesar.

A través de una aparente asamblea a la que no asisten ni el 20% de los resguardos, pretenden tomar decisiones y tratar de subsanar esas irregularidades legales, desconociendo el sistema tradicional de la organización indígena de la Sierra Nevada y propiciando una división que nunca ha existido en esos territorios indígenas.

Es el momento en que el Gobierno nacional cumpla y haga cumplir la autoridad que les confiere la Ley de Origen, el derecho propio, las normas constitucionales  en materia de Derechos indígenas que incluye entre otros: la ley 89 de 1890, el Convenio 169 de la OIT (ley 21 de 1991), los artículos, 7, 246, 330 de la Constitución Política la Constitución Política y el acuerdo de la OIT, no aceptando ni reconociendo cuanto grupo o  asociación pida ser reconocido, aunque no tengan el respaldo de las máximas autoridades ancestrales de las comunidades Arahuacas, Wiwas , Kankuamos y Koguis, porque así se dificulta mantener la unidad tan necesaria para alcanzar la consolidación de la cultura, la autonomía del territorio ancestral.

Solamente a través de la consulta a la Ley de Origen, en reunión de las máximas autoridades ancestrales, les daría en estos momentos la claridad sobre el camino que deben seguir todas las comunidades y autoridades, sin contradecir los mandatos de los Mamu, quienes conforme a sus leyes de origen, usos y costumbres ejercen soberanamente la autonomía que les otorga la Constitución Política de Colombia para poner orden y guiar a sus semejantes.

Este respeto a la autonomía indígena redundara en beneficio de los derechos de la madre tierra, y la conservación de la vida natural y espiritual.(LRF)

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